Los miembros del Tribunal Calificador de los procesos selectivos para la provisión de plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Manilva informan a la opinión pública de que han acordado interponer denuncia ante la Fiscalía de Área de Marbella-Estepona ante la gravedad de las acusaciones, manifestaciones y campañas de descrédito dirigidas contra este órgano de selección y contra sus integrantes.
Durante los últimos días, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manilva, junto con determinadas personas vinculadas al proceso selectivo, han realizado manifestaciones públicas y han difundido afirmaciones que cuestionan la honorabilidad, imparcialidad y profesionalidad de los miembros del Tribunal, llegando incluso a atribuirles conductas presuntamente delictivas, sin que exista prueba alguna pidiendo sin más la inmediata revocación del tribunal para garantizar la transparencia.
Estas manifestaciones han trascendido del ámbito administrativo, siendo difundidas en medios de comunicación y redes sociales, ocasionando un grave perjuicio personal, familiar y profesional a funcionarios públicos que únicamente han desempeñado las funciones que legalmente les fueron encomendadas con absoluta objetividad, independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.
Los integrantes del Tribunal consideran inadmisible que el legítimo ejercicio de los recursos previstos por la ley pueda convertirse en una campaña de desprestigio personal e institucional mediante acusaciones de extraordinaria gravedad carentes de respaldo judicial, poniendo en entredicho la honorabilidad de funcionarios públicos que han actuado conforme a Derecho.
Por todo ello, se ha decidido poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que investigue si las actuaciones llevadas a cabo por las personas responsables pudieran ser constitutivas de infracción penal, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para la protección del derecho al honor, la dignidad y la reputación profesional de los miembros del Tribunal.
El proceso selectivo se ha desarrollado con absoluto respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad, bajo la legalidad vigente. Corresponde a las autoridades judiciales, y no a campañas de presión o manifestaciones públicas, determinar la existencia o no de cualquier irregularidad. Por ello, el Tribunal reafirma su compromiso con la defensa de la función pública y con la preservación de la independencia de los órganos de selección frente a cualquier intento de desacreditarlos sin pruebas lo que supone además una grave alteración al normal desarrollo del proceso.
Last modified: julio 15, 2026
